El presidente pakistaní, general Pervez Musharraf, condenó el atentado del día 13 en que murieron 12 personas, incluidos los terroristas. "Estamos contra ese tipo de actos en cualquier parte del mundo, y los condenamos con dureza", declaró.

"Cooperaremos siempre que haya pruebas contra cualquier individuo o grupo. No queremos que el territorio pakistaní sea utilizado para lanzar tales atentados en ninguna parte del mundo, incluida India", agregó.

India acusó a Pakistán de planificar los ataques y afirmó que éstos fueron perpetrados por dos organizaciones separatistas cachemiras establecidas en territorio pakistaní, Lashkar-e-Toiba (Soldados de Dios) y Jaish-e-Mohammed (Ejército de Mahoma).

La cancillería pakistaní negó tajantemente las acusaciones y exigió a Nueva Delhi pruebas de la participación en los ataques de esos dos grupos, a los que Islamabad considera "combatientes por la libertad" y no terroristas.

El primer ministro indio, Atal Bihari Vajpayee, dijo al parlamento que haría todo lo posible por evitar una guerra con Pakistán, pero advirtió que su gobierno mantiene varias opciones abiertas como respuesta al atentado contra el parlamento.

Ambos países poseen armas nucleares y se han enfrentado tres veces en guerra desde 1947, dos de ellas por Cachemira, el único estado indio de mayoría musulmana.

Nueva Delhi acusa a Islamabad de brindar entrenamiento y armas a los grupos separatistas cachemiros, pero el gobierno pakistaní sostiene que sólo les ofrece "apoyo moral y diplomático".

Aunque ambos gobiernos en general se han contenido militarmente en los últimos años -principalmente a instancias de Estados Unidos- , la guerra verbal continúa.

"Si India cree que sus acusaciones son ciertas, entonces no debería dudar en aceptar nuestra oferta de investigación imparcial. Al arrogarse los papeles de acusador y juez, contraría los principios de la justicia", declaró el miércoles el canciller pakistaní Abdul Sattar.

"La historia es testigo de que las autoridades indias, motivadas por los prejuicios, recurren a acusaciones totalmente falsas y carentes de sustancia contra Pakistán", agregó.

El ministro del Interior de India, Lal Krishan Advani, describió el ataque contra el parlamento como "el más audaz en la historia del terrorismo patrocinado por Pakistán contra India" y un intento de "eliminar a todos los líderes políticos indios".

Funcionarios pakistaníes lamentaron que Nueva Delhi haya acusado a Islamabad sin esperar siquiera los resultados de una investigación preliminar.

Hasta ahora, ninguna organización radical islámica pakistaní se atribuyó el atentado.

El diario Markaz Ad-Daw'h Wal Irshad, órgano de prensa de Lashkar-e-Toiba, afirmó que los mujaidines nunca atacan a civiles y que la acusación forma parte de "una conspiración para calificar a todas las organizaciones 'jihadistas' (partidarias de la 'guerra santa' islámica) como terroristas".

India desea aprovechar la ventaja que le ofrece la "guerra contra el terrorismo" lanzada por Estados Unidos para "difamar a los combatientes por la libertad en la parte de Cachemira controlada por India".

Jaish-e-Mohammed también negó cualquier participación en el ataque.

Syed Slahuddin, presidente del Consejo Unido de la Jihad, que comprende a 15 grupos jihadistas, incluido Jaish-e-Mohammed, afirmó que el atentado al parlamento indio fue producto de "un plan de organismos indios para justificar la propuesta Ordenanza para la Prevención del Terrorismo".

Si el parlamento aprueba esa ordenanza, "las agencias de seguridad tendrán más poderes para utilizar la fuerza contra los combatientes por la libertad", agregó.

Algunos observadores opinaron que Pakistán nunca planificaría un atentado como el de la semana pasada porque provocaría la ira de la comunidad internacional.

Además, señalaron que Lashkar-e-Toiba y Jaish-e-Mohammed nunca realizaron operaciones conjuntas.

Lashkar-e-Toiba reivindicó un atentado perpetrado en diciembre de 1999 en Nueva Delhi, cuando dos atacantes suicidas irrumpieron en el Fuerte Rojo y mataron a dos soldados y un civil.

En octubre de este año, Jaish-e-Mohammed se atribuyó un ataque similar contra el edificio del parlamento estadual de Srinagar, capital de verano del noroccidental estado de Jammu y Cachemira, que dejó 40 muertos.

Ambos ataques fueron condenados por Islamabad.

El propio Musharraf es blanco de duras críticas de organizaciones jihadistas por su apoyo a la "guerra contra el terrorismo" de Estados Unidos en el vecino Afganistán.

Entre otras medidas, el gobierno pakistaní decidió desarmar a las organizaciones jihadistas, prohibirles la recaudación de fondos y congelar sus cuentas.

Poco después del atentado del día 13, el ejército pakistaní convocó una reunión de sus generales ante el temor de represalias de India.

En la reunión, Musharraf advirtió a India que cualquier intervención en Pakistán sería respondida con la fuerza.

La comunidad internacional, representada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y altos funcionarios de Estados Unidos, exhortó a ambos países a la contención. (FIN/IPS/tra-en/ni/ral/mlm/ip/01)