WASHINGTON, 29 nov (IPS) El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se enfrenta a serios cuestionamientos de todo el espectro político por el decreto que autoriza a tribunales militares a juzgar a ciudadanos extranjeros acusados de terrorismo.

Juristas y legisladores de todas las tendencias políticas y organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación ante un decreto que se agrega a otras decisiones del Departamento (ministerio) de Justicia desde los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

Bush invocó las circunstancias extraordinarias que vive el país y su condición de jefe de las Fuerzas Armadas para firmar el 13 de este mes un decreto que autoriza la actuación de tribunales militares para juzgar a ciudadanos extranjeros acusados de terrorismo.

Según el decreto, los acusados serán juzgados por una comisión integrada por jueces militares en audiencia secreta, y no necesariamente se aplicarían las normas penales de evidencia y carga de la prueba.

Además, los acusados no podrán apelar el auto de procesamiento ni el fallo condenatorio ante ningún órgano judicial.

Gobiernos aliados de Washington sugirieron que podrían negarse a extraditar sospechosos, para evitar que sean sometidos a juicio en esas condiciones.

"Nos oponemos a la creación de tribunales militares, que podrían permitir arrestos secretos, acusaciones secretas con evidencias secretas, investigaciones y testigos secretos, juicios y procesamientos secretos, sentencias secretas e incluso ejecuciones secretas", escribió esta semana el legislador Dennis Kucinich, del Partido Demócrata.

La advertencia de Kucinich forma parte de una carta firmada por otros 38 miembros de la Cámara de Representantes, entre ellos el derechista Bob Barr, del Partido Republicano, y dirigida al fiscal general John Ashcroft.

Pero el gobierno no parece dispuesto a dar marcha atrás en la cuestión, como en ninguna de las decisiones que amplían las facultades para perseguir y detener sospechosos.

"El país se enfrenta a una verdadera amenaza extraordinaria", afirmó el miércoles el asistente del fiscal general, Michael Chertoff, ante el Comité Judicial del Senado, en la primera de una serie de audiencias bajo el lema "Preservar las libertades en la defensa contra el terrorismo".

Chertoff reiteró que las acciones del gobierno están dentro de los límites de la Constitución y sugirió que los tribunales militares sólo se instalarán para unos pocos casos.

Sin embargo, admitió que los abogados del Pentágono (ministerio de Defensa) apenas han comenzado a establecer las circunstancias y procedimientos bajo los cuales actuarán esos tribunales.

Las autoridades afirman que hay antecedentes de tales medidas en la historia nacional. Durante la segunda guerra mundial, un tribunal militar juzgó a ocho saboteadores alemanes capturados en territorio estadounidense.

El secreto se justifica por la amenaza que aún representa la organización Al Qaeda (La Base), del saudita Osama bin Laden, a quien Washington acusa de los atentados de septiembre, pero particularmente para la protección de los jurados, arguye el gobierno.

Los tribunales previstos en el decreto de Bush no cumplen siquiera con las normas procesales mínimas de la justicia militar, de acuerdo con la declaración prestada ante el comité senaturial por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

La ACLU señaló que, al contrario de lo ocurrido en el caso juzgado en la segunda guerra mundial y en anteriores tribunales de tiempos de guerra, en esta ocasión el Congreso no facultó al presidente a dar ese paso mediante una declaración formal de guerra.

"El equlibrio de poderes se está inclinando peligrosamente, amenazando los fundamentos de nuestra democracia", declaró Laura Murphy, directora de la ACLU en Washington.

Legisladores de ambos partidos manifestaron preocupaciones similares.

"Hubiera sido apropiado consultar a las autoridades (legislativas) antes de promulgar este decreto, pues la Constitución faculta al Congreso a establecer tribunales con jurisdicción exclusiva sobre delitos militares", sostuvo el senador republicano Arlen Specter.

"Inclusive en guerra, el Congreso y los tribunales tienen papeles esenciales para mantener el equilibrio necesario entre la seguridad nacional y los derechos civiles", agregó.

Chertoff aseguró a los senadores que el Pentágono está dispuesto a considerar sus puntos de vista y que sus abogados procurarán mayores garantías procesales.

Para los críticos se trata de una bofetada a las libertades civiles y al pretendido liderazgo de Washington en la defensa de los derechos humanos y el debido proceso en todo el mundo.

Si se crean tales tribunales, será más difícil para Estados Unidos criticar a países que no respeten las normas procesales, advirtieron Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

"La próxima vez que Estados Unidos critique a un dictador extranjero por juzgar a un disidente o a un ciudadano estadounidense ante la justicia militar, el argumento se volverá contra él", dijo el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.

En un documento publicado el martes, la organización de derechos humanos se refirió a 11 países que recibieron críticas del Departamento de Estado por apelar a tribunales militares u otros órganos que no respetan el derecho al debido proceso, entre ellos Birmania, China, Nigeria, Perú, Sudán y Turquía.

"Aunque se corrijan las fallas más notorias del decreto, el texto puede convertirse en modelo para los gobiernos que buscan una cobertura legal a la represión política", advirtió HRW.

La creación de tribunales militares pone en riesgo la colaboración de naciones aliadas a Washington en el combate contra el terrorismo.

La semana pasada, autoridades de España afirmaron que no aceptarán la extradición a Estados Unidos de ocho hombres acusados por un juez español de complicidad en los atentados del 11 de septiembre, a menos que Washington garantice su comparecencia ante la justicia ordinaria.

Otros países de la Unión Europea adoptarán una posición similar, predijeron expertos en derecho de Estados Unidos y Europa.

De visita en Washington, el primer ministro español José María Aznar se mostró evasivo ante la cuestión, y un portavoz de la Casa Blanca dijo a la prensa que el gobierno aún no ha solicitado la extradición, por lo cual "el asunto no es relevante".