NACIONES UNIDAS, 30 nov (IPS) Tres organismos internacionales de derechos humanos advirtieron a los gobiernos que no deben limitar las libertades básicas en su esfuerzo por combatir el terrorismo.

La advertencia está dirigida especialmente a Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, que aplicaron restricciones a las libertades civiles luego de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, señaló un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"El propósito de las medidas antiterroristas es proteger los derechos humanos y la democracia, y no debilitar esos valores fundamentales", dice la declaración, emitida el martes y firmada por Mary Robinson, Walter Schwimmer y Gerard Stoudmann.

Robinson es la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Schwimmer es secretario general del Consejo de Europa, y Stoudmann dirige la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, autoridades estadounidenses detuvieron para interrogar a más de 1.000 personas, en su mayoría musulmanas y procedentes de Medio Oriente.

Varias organizaciones de derechos humanos sostuvieron que esas detenciones son resultado de un prejuicio racial y que violan los procedimientos y las garantías constitucionales.

Estados Unidos ha sido criticado por sus planes de someter a extranjeros acusados de terrorismo a un tribunal militar especial, sin las garantías del debido proceso de la justicia civil.

Además, policías e investigadores tienen ahora nuevas facultades para interceptar llamas telefónicas, correo electrónico, y escuchar conversaciones de sospechosos.

El gobierno de Gran Bretaña siguió los pasos de Washington con una serie de nuevas medidas antiterroristas.

El ministro del Interior, David Blunkett, anunció la semana pasada planes para retirarse de la Convención Europea sobre Derechos Humanos para poder detener por tiempo indefinido a extranjeros sospechosos de terrorismo.

Aclaró, sin embargo, que no promoverá la actuación de tribunales militares, como en Estados Unidos.

En octubre, el gobierno de Canadá introdujo leyes similares dirigidas contra posibles terroristas extranjeros en su territorio.

Las nuevas leyes facultan a la policía y las autoridades de inmigración a exigir testimonios durante las investigaciones y a anular el derecho de los detenidos a permanecer en silencio para evitar la autoincriminación.

Ottawa también restringió sus políticas de asilo y de refugiados y exigió a todos los inmigrantes que siempre lleven consigo una tarjeta plástica de identificación.

"Aunque reconocemos que la amenaza del terrorismo requiere medidas específicas, exhortamos a los gobiernos a evitar medidas excesivas que violen libertades fundamentales y castiguen el disentimiento legítimo", advirtieron los tres funcionarios internacionales en su declaración.

Ciertos derechos, observaron, no pueden debilitarse bajo ninguna circunstancia, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad de conciencia y religión, y a no ser sometido a torturas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes.

Tampoco se deben modificar los principios de precisión y no retroactividad de las leyes penales, salvo cuando una ley posterior impone una pena menor.

En cuanto a otros derechos, señalaron los funcionarios, sólo se permiten derogaciones bajo las circunstancias especiales definidas en las leyes internacionales sobre derechos humanos.

Antes de emitir la declaración, Robinson había advertido que algunos países -a los que no quiso identificar en público- estaban impulsando medidas violatorias de derechos humanos básicos.

Agregó que esos estados trataban al disentimiento no violento como terrorismo y tomaban "medidas excesivas" para suprimir derechos individuales.

El embajador de Malasia ante la ONU, Hasmy Agam, denunció "frecuentes actos racistas contra musulmanes" desde el 11 de septiembre y urgió a Robinson a "usar el peso moral de su oficina para prevenir la propagación del sentimiento antiislámico" y "promover la tolerancia y el respeto a la diversidad".

Mientras, los cancilleres de Egipto y Siria señalaron que muchos individuos son investigados por terrorismo en base a sus características raciales.

El Alto Comisionado, el Consejo de Europa y la OSCE manifestaron su disposición a asistir a los países en la elaboración de respuestas legislativas adecuadas al terrorismo, así como a vigilar su aplicación.